La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, confirmó que al menos un centenar de denunciados por violar la cuarentena de la pandemia de coronavirus, acordaron solucionar su situación judicial realizando donaciones de dinero y mercadería al Hospital Regional Río Grande y su cooperadora.
En ese sentido, la funcionaria judicial develó que se tramitaron unos 400 expedientes a quienes violaron el decreto nacional que establecía la obligatoriedad del confinamiento durante los momentos más complejos de la cuarentena.
'Ya hay cien personas que llegaron a un arreglo para pagar con dinero y alimentos para el hospital y la cooperadora', develó Borruto, quien a su vez señaló que 'si bien tienen una pena máxima de tres años de prisión, es una pena que no llega a cumplirse'.
'Hemos logrado llegar a 100 acuerdos para reparar el daño. No es una multa lo que se cobra. No es lo mismo un señor que andaba en bicicleta que una persona que iba alcoholizada por las calles a las 4 de la mañana', aclaró.
Ante ello, explicó que 'los abogados defensores hicieron su propuesta, la Fiscalía revisó y nosotros propusimos esta posibilidad. Lo hicimos por mercadería o dinero para diferentes lugares, por ejemplo al hospital, donde ya se llegó al medio millón de pesos en donativos'.
'Hemos hecho arreglos de pago parciales, y se buscó la forma de cubrir el acuerdo. Casi un millón de pesos en mercadería, se dictaron sentencias condenando y obligando a aportar mercadería sobre kilos de carne, verduras, productos de almacén', detalló.
Finalmente, la magistrada federal amplió: 'También se han aportado elementos de higiene personal. Otro de los elementos fueron de herramientas de trabajo, por ejemplo para el servicio penitenciario en la ciudad'.
El hecho ocurrió en el estacionamiento de un supermercado en Río Grande. Tras analizar las pruebas y los testimonios de testigos, la Justicia provincial determinó seguir adelante con el proceso.
La decisión lleva la firma de María del Carmen Battaini y Javier Muchnik. Hace lugar al pedido de una afiliada de avanzada edad que por su situación requiere asistencia en su vivienda particular.
Se trata de un abuso perpetrado por un adulto contra una menor de edad entre los siete y los 10 años de niña. La denuncia se formuló en 2018 tras repetidas amenazas del sujeto a los familiares.
La agrupación de familiares de víctimas de abuso sexual renovó su método de protesta colgando imágenes de los denunciados. Volvieron a reclamar la pronta definición de causas paralizadas.
La decisión fue tomada por el juez Daniel Césari Hernández. Se trata de ingresos y egresos improvisados en la Ruta 3, específicamente frente a la obra del microestadio.
La jueza Mariel Borruto confirmó que al menos un centenar de personas que violaron la cuarentena, acordaron entregar dinero y mercadería al Hospital Regional Río Grande.