Tras recibir 200 denuncias telefónicas sobre la intención de venta irregular de una vivienda social en la capital neuquina, el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) logró desarticularla e iniciar acciones legales al que los responsables de su publicación por redes sociales.

El presidente el IPVU, Marcelo Sampablo, aseguró que concurrieron a la vivienda, que supuestamente estaba en venta, y constataron que allí vivía una mujer embaraza, con sus tres hijos, y que administrativamente estaba 'perfectamente adjudicada'.

El funcionario señaló que 'la mujer dijo que no quería vender la casa y que quien publicaba el aviso era otra persona. Iniciamos acciones legales contra quien la publica porque es un intento de defraudación'.

Sampablo dijo que en el organismo provincial recibieron 200 advertencias, ya sea por teléfono o por mensajes de vecinos, que daban cuenta de la intención de comercialización de una vivienda adjudicada hace menos de un año.

'Las entregamos a los adjudicatarios hace siete meses. Lo primero que uno hace es enojarse, igual que quienes lo leen', admitió, al tiempo que aclaró que las adjudicaciones de las viviendas son para quienes las necesitan.

Sostuvo que, en las redes, se ofrecía la vivienda en 3 millones de pesos 'y decía impecable, cuando la vimos, la pudimos identificar. Administrativamente está bien. No publicitamos el nombre de la mujer, que estaba angustiadísima, no sé si porque nos enteramos de lo que pasó o porque fuimos'.

Señaló que fue una situación incómoda para todos, en la que la adjudicataria aseguró no tener relación alguna con la persona que publicitaba la venta de su casa. Esa persona 'está vendiendo una cosa que no es de ella, es del Estado porque no la han pagado', agregó el funcionario y aclaró que cuando el adjudicatario ocupe la vivienda y pueda comprarla al Estado, recién ahí puede venderla o alquilarla.

No obstante, dijo que hay excepciones de casos en que las viviendas aún no están del todo pagas, pero el IPVU autoriza que sean alquiladas. Son excepcionales y responden a situaciones de salud del adjudicatario o bien a una mudanza por trabajo, como en el caso de los efectivos de las fuerzas de seguridad.