El Senado le puso el broche de oro a un debate reinstalado por el movimiento feminista y aprobó, por una diferencia de nueve votos, el proyecto que habilita a las mujeres y personas gestantes a interrumpir el embarazo hasta las catorce semanas de gestación, de forma voluntaria y gratuita y con acompañamiento del Estado.

La victoria 'verde', enmarcada en una imponente movilización en las calles, fue finalmente por 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, del jujeño Guillermo Snopek del Frente de Todos, que en 2018 había votado negativamente y fue una de las grandes sorpresas de la jornada.

Pero además, para ampliar la diferencia fueron claves las ausencias de dos 'celestes': el puntano Adolfo Rodríguez Saá y la riojana Clara Vega. Los otros senadores que no participaron de la votación fueron Carlos Menem -internado- y José Alperovich -de licencia-.

Las incógnitas que había en la previa se terminaron de despejar durante la noche, con discursos a favor por parte de tres indefinidos: el oficialista Sergio 'Oso' Leavy, de Salta; la radical Stella Maris Olalla, de Entre Ríos y la neuquina Lucila Crexell, que en 2018 había sido la única en abstenerse. Sumó también su voto favorable el entrerriano Edgardo Kueider, del Frente de Todos, que se había anotado en la lista de oradores pero luego se bajó.

Durante la jornada, varios funcionarios se mostraron en los palcos del recinto y en el Salón Azul, entre ellos las dos principales impulsoras de la ley: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Con la sanción, el gobierno pudo celebrar el cumplimiento de uno de los ejes de su campaña electoral.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, se mostró poco. Asistió para abrir la sesión y luego, como suele hacer, se retiró para regresar al final, dejando la mayor parte de la conducción en manos de la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala y el vicepresidente Martín Lousteau. La posibilidad de un desempate, demasiado extrema, se esfumó enseguida.

Antes del inicio de la sesión, una de las referentes antiabortistas, la tucumana Silvia Elías de Pérez, realizó una conferencia de prensa y denunció 'presiones nunca antes vistas' por parte del presidente Alberto Fernández para aprobar la ley. Anunció que la discusión no se cerró el miércoles sino que continuará en la Justicia, donde plantearán la inconstitucionalidad.

Lo cierto es que desde la Casa Rosada participaron de forma activa en las negociaciones y así fue como se concedió un pedido clave a un senador de la oposición: el rionegrino Alberto Weretilneck. El Ejecutivo aplicará un veto parcial y de esa forma el exgobernador patagónico garantizó su voto favorable.

Se trata de una modificación que no altera el espíritu de la ley: según explicó la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, se vetará la palabra 'integral' vinculada a la salud, manteniendo como hasta hoy las causales de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), es decir, aquellas situaciones donde el aborto no es punible, ya sea por violación o riesgo para la salud o la vida de la mujer.

Pintados de verde

En el recinto se respetaron las medidas de distanciamiento social: como establece el protocolo de funcionamiento remoto, tuvieron sus lugares asegurados los vicepresidentes Lousteau y Laura Rodríguez Machado; dos senadores por el Frente de Todos; otros dos por Juntos por el Cambio y uno por cada bloque minoritario.

Los legisladores se las arreglaron para turnarse en las bancas y de ese modo varios tuvieron su postal en el recinto. Oficialistas como María Inés Pilatti Vergara y Ana Almirón, ambas con discursos de alto voltaje, lucieron atuendos y pañuelos verdes.

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— Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 30, 2020

La puntana Eugenia Catalfamo -que en 2018 fue la única ausente por un embarazo- se tomó revancha y esta vez estuvo presente. Y dos fueguinos, Matías Rodríguez y Eugenia Duré, viajaron desde Tierra del Fuego para participar físicamente de la sesión.

Por el Congreso pasaron, además, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzoti; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Cecilia Nicolini; la titular de AySA, Malena Galmarini y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad bonaerense, Estela Díaz.

Además, referentes históricas de la lucha por el aborto legal como Nelly Minyersky y Marta Alanis. También se vio a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, que cruzó desde la Cámara de Diputados, donde presenció el debate sobre la nueva movilidad jubilatoria.

Debate histórico

Al momento de los cierres, Weretilneck ratificó su voto a favor y el salteño Juan Carlos Romero lo hizo en contra. Luego fue el turno de Elías de Pérez, que insistió en que 'toda vida vale, sin discriminación entre deseados o no deseados, sin que importe el color de piel, la clase social, si es una persona del interior o de la capital. Por lo tanto, toda vida tiene que ser cuidada y protegida'.

La tucumana repitió que el aborto 'significa que el Estado ha tirado la toalla' y que el proyecto enviado por el Ejecutivo 'no trae nuevas libertades, tampoco nuevos derechos: lo que sí nos trae es la negación del acceso a la vida'.

A continuación, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff remarcó que la ley no alienta a las mujeres a abortar. '¡Se aborta en nuestras narices, ocurre, es un dato de la realidad!', exclamó, y con ese mismo tono enérgico, aseveró: '¡Nadie quiere el aborto! ¡No lo quiere la ley! La ley protege las desigualdades, y el punto de partida son la clandestinidad y la pobreza'.

'Estamos hablando de un Estado cómplice que deja hacer', advirtió el formoseño, y subrayó que 'no es un tema menor garantizar a todas las mujeres argentinas el acceso a la salud pública'.

En el mismo sentido, la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dijo que 'lo que realmente molesta' al sector antiabortista 'es la libertad de las mujeres' y el 'poder de decidir'. 'No tienen empatía con las miles de mujeres que toman la decisión de abortar', lamentó.

Además, señaló que 'no solamente es la revolución de las hijas, sino también de las madres, de las abuelas, de todas. Gracias al debate nos enteramos que nuestras madres abortaban y nuestras abuelas abortaban, y de la peor manera. Y hoy lo pueden decir'.

Fernández Sagasti también destacó que con la sanción de la ley 'nos queda un horizonte muy bueno porque vamos a demostrar que la dirigencia política es capaz de ponerse de acuerdo sin mezquindades, poniendo por delante los intereses de las mayorías'.

De todos modos, la senadora coló la cuestión partidaria: 'Soy feminista porque soy peronista, y que el Ejecutivo nacional peronista haya mandado esta ley hace la alquimia perfecta entre el feminismo y el peronismo'.

El último discurso quedó para el titular del bloque, José Mayans, que una vez más no ocultó su malestar por el tratamiento de este proyecto. Interpretó que para habilitar el aborto voluntario 'hay que modificar la Constitución o hay que renunciar a los tratados internacionales', porque de lo contrario 'es un país sin ley donde cada uno hace lo que quiere'.

'El presidente, los legisladores y los miembros del Poder Judicial están obligados a cumplir la Constitución', aseguró, y continuó: 'Estamos de acuerdo con la ampliación de los derechos de las mujeres, con la autonomía y las libertades, siempre y cuando no dañe a terceros, como dice el artículo 19 de la Constitución, porque en todo derecho hay un límite, que es donde empieza el derecho del otro'.

Mayans denunció que 'hay distintos estatus: para el niño deseado, todo; para el niño no deseado, ni justicia. Para el niño no deseado es la pena de muerte. El Estado no puede hacer eso, porque en Argentina no existe la pena de muerte'.

Qué dice la flamante ley

La norma sancionada legaliza el aborto de manera voluntaria hasta las catorce semanas de gestación, y luego de ese plazo se habilita la práctica en los supuestos ya establecidos en el Código Penal: violación; o peligro para la vida o la salud de la persona gestante.

Por otro lado, se autoriza al personal de salud a ejercer la objeción de conciencia siempre y cuando la vida o la salud de la persona gestante no estén en riesgo. En caso de que todos los profesionales sean objetores, el establecimiento deberá derivar a la paciente a otra institución sin dilaciones y asumiendo los costos de la intervención.

El plazo para realizar el aborto será de diez días desde su requerimiento, y el sector público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga deberán incorporar la cobertura integral y gratuita de la intervención, incluyendo todas las prestaciones en el Programa Médico Obligatorio (PMO).