LOCALES

CRUCES ENTRE LOS EDILES

Con cambios, el Parlamento de Ushuaia avala el antidóping político

El Concejo Deliberante de Ushuaia determinó incorporar sendos cambios a la Ley 1233 que establece controles sorpresivos de sustancias prohibidas a funcionarios electos y de planta política. Así, se modificó el método de detección de drogas.

Los llevaron adelante una sesión especial que por momentos se volvió tenas debido a los cruces.
Los llevaron adelante una sesión especial que por momentos se volvió tenas debido a los cruces.

El Concejo Deliberante de Ushuaia, en sesión especial, aprobó la propuesta del concejal de ECOS, Silvio Bocchicchio, modificando la ordenanza que adhiere a la Ley 1233, que propone la implementación de controles de sustancias peligrosas a funcionarios electos y de planta política, la cual “por sí sola era inaplicable en el ámbito municipal, con un método vulnerable como el análisis de orina”.

Las modificaciones a la ordenanza fueron apoyadas por unanimidad y definen el universo de funcionarios municipales alcanzados, desde el cargo de Intendente hasta autoridades de Empresas del Estado, Juzgado de Faltas, Sindicatura General Municipal y Concejo Deliberante.

“Establecimos que los funcionarios deberán realizarse el examen obligatorio de detección de drogas en sangre, u otro método que garantice mayor eficacia de detección, a diferencia de la ley que imponía un método menos confiable” destacó Bocchicchio.

En esta línea el edil señaló que “los funcionarios alcanzados se realizarán el examen de acuerdo al orden establecido por sorteo público y deberán realizarlo con un plazo máximo de 48 horas desde la notificación, evitando que se pueda especular con los días que duran las drogas en el cuerpo y hacerse los análisis cuando le convenga”.

A diferencia de la Ley 1233 que sólo expulsa al funcionario, al margen de esa sanción, la ordenanza establece que “en los casos en los que el examen hallase presencia de drogas ilegales los funcionarios deberán realizar tratamiento de adicciones y se les brindará asistencia tal como lo establece la Ley nacional 26.657”.

La autoridad de aplicación de la ordenanza será la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos o la que en el futuro la reemplace y el gasto que demanden los análisis correrán por cuenta de cada funcionario que se someta al examen toxicológico, modificación incorporada por el concejal Gastón Ayala, del Movimiento Popular Fueguino (MPF).

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