sábado 07 de diciembre de 2019 - Edición Nº1839

Provinciales | 10 oct 2019

COMISION EN RIO GRANDE

Hay consenso para expropiar tierras en Margen Sur

Los legisladores provinciales se reunieron para debatir con diversos sectores sociales, la ley que busca expropiar macizos destinados a productores en Margen Sur. La mayoría de los chacareros explicaron los beneficios de llevar adelante la acción, pero también hubo voces en contra. Los parlamentarios aseguraron contar con los votos para convertir en ley la propuesta.


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De nuestra redacción

En el Centro Cultural Yaganes, los legisladores provinciales mantuvieron una extensa reunión con vecinos de Margen Sur donde se analizó el proyecto de ley de expropiación de tierras para regularizar la situación de los productores de dicha zona de la ciudad.

La discusión se basa en una ampliación de la ley 848 que hace casi una década estableció la expropiación de predios en esa zona de la ciudad, muchos de los cuales fueron judicializados y su situación aún sigue sin resolverse.

Se llegó a la discusión del asunto porque la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, asumió en plena campaña electoral el compromiso de remitir al Parlamento provincial un nuevo proyecto de expropiación que tuvo como epicentro del debate el encuentro realizado este jueves en Río Grande.

Y es inevitable que el proceso electoral no se mezcle en la discusión, más aún cuando quien presidió la reunión fue el legislador Pablo Blanco, por estos días candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio.

 

En su rol de legislador provincial, Blanco basó el debate en la necesidad de una ley que regularice la posesión de las tierras al sur de la ciudad y que ocupan “hace más de 20 años” distintos huerteros, productores y chacareros.

Asimismo, sus pares presentes en el encuentro aseguraron contar con los consensos para que, antes que finalice el mandato de la actual Legislatura, se cuente con la normativa que propuso el Ejecutivo fueguino.

Durante la reunión, tres asociaciones de productores, huerteros y chacareros expusieron sus posturas relacionado al proyecto de ley y la realidad que viven día a día. También lo hicieron, vecinos que se encuentran comprendidos en el tratamiento de la expropiación de las tierras de la zona.

Nadie supo decir, a ciencia cierta, cuánto costará la expropiación de esas tierras. Los más arriesgados aseguran que demandaría unos 250 millones de pesos que tendrían como principal beneficiario a la Sociedad de Productores.

 

A favor y en contra

 

Las voces apoyando el proyecto se replicaron durante la reunión en Río Grande. Sin embargo, también hubo posturas en contra de la propuesta o, al menos, planteando ciertas irregularidades en torno al proyecto de expropiación que podrían perjudicar a empresarios ya afincados en la zona.

Carlos Verategua, de la Asociación ‘Shelknam’ expuso ampliamente sobre la necesidad de contar con la regularización de las tierras de la zona. “Hay agrupaciones de productores, chacareros y huerteros, con más de 15 años de trabajo en ese lugar”, justificó el chacarero.

Asimismo, Héctor Gómez, de la Asociación ‘Civil Chacareros Fueguinos’, también expuso la situación de sus representados con sobre el acceso a la tierra y la necesidad de dar tratamiento al asunto legislativo para garantizar la titularidad de los emprendimientos productivos.

 

A su turno, otro chacarero, Marcelo Maciel, también expuso sobre la necesidad de eliminar los estereotipos y dejar de utilizar términos como “asentamientos” o “usurpas” al referirse a los productores afincados al sur del río Grande.

En contrapartida, los parlamentarios recibieron tres notas de particulares y empresarios, que están dentro de los seis macizos de la sección a expropiar, los cuales señalaron estar en situación regular y contar con toda la documentación de los terrenos que les pertenecen por legítimo derecho.

Uno de ellos, precisamente el empresario Ezequiel Aimetta de Continental Maderas, dijo en el encuentro que “tenemos tres predios que son de nuestra propiedad, hace 20 años que trabajamos ahí”.

“Nosotros bajamos los servicios en la zona, lo hicimos por nuestra cuenta y hoy nos encontramos con un proceso de expropiación que pone en riesgo no solo la titularidad de nuestros terrenos sino además 30 fuente de trabajo”, denunció.

 

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