sábado 19 de octubre de 2019 - Edición Nº1790

Provinciales | 13 sep 2019

FUERTE ADVERTENCIA

Fiscal de Estado pone el ojo en las contrataciones de Bahntje

Virgilio Martínez de Sucre advirtió a la gobernadora Rosana Bertone que Rubén Bahntje habría contratado empresas de su propiedad para que brinden servicios a la Caja previsional que el mismo preside.


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De nuestra redacción

El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, emitió una resolución por un posible conflicto de intereses en el cual habría incurrido el presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTDF), Rubén Bahntje.

La resolución surge a partir de una denuncia por “presuntas irregularidades en la contratación, por parte del Estado provincial, de empresas proveedoras de servicios informáticos” con las que Bahntje tendría algún tipo de vínculo.

El escrito dice que la CPSTDF “habría suscripto con Tekhne SA-Nomade Soft SRL Unión Transitoria de Empresas, por un lado, el convenio registrado en fecha 19/03/2015 bajo el número 021 y, por otro, una adenda en fecha 12/09/2018”.

El denunciante señaló que “el domicilio constituido por el proveedor en el contrato coincidiría con el que aparece como domicilio personal del presidente del organismo previsional, según los datos filiatorios de su perfil publicado en la plataforma Linkedin. Asimismo, concordaría con una edificación existente en el mismo predio correspondiente al domicilio real supuestamente ‘declarado y utilizado’ por el funcionario y publicado en el sitio web paginasblancas.com.ar como perteneciente a Rubén Bahntje”.

Diego Mohamed conjetura en su denuncia que el funcionario es parte “de las empresas proveedoras de servicios informáticos que firmaron contrato con la Caja, siendo este empleado estatal del Banco de Tierra del Fuego y posteriormente suscribiendo una adenda del mismo, ya siendo presidente de la Caja jubilatoria”.

En el tramo final de su resolución, Virgilio Martínez de Sucre manifiesta que “se ha podido comprobar que el Ruben Bahntje, en su carácter de presidente de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, suscribió una modificación de contrato por servicios informáticos con la firma Tekhne SA-Nomade Soft SRL, simultáneamente cuando la empresa Nómade Soft SRL se encontraba alquilando un local comercial de propiedad del funcionario, circunstancia susceptible de ser encuadrada dentro de lo que se conoce como conflicto de intereses”.

“Sobre esta temática cabe decir, de forma preliminar, que la misma se encuentra inserta en una materia mucho más vasta y profunda como es la ética aplicable a las conductas de aquellos que desempeñan una función pública, o que, de algún modo, se vinculan con ella. Sin embargo, no se queda allí ni se reduce a la dimensión moral o valorativa; por el contrario, está alcanzada por el orden jurídico a través de principios como el de rectitud, justicia y equidad, y habitualmente contemplada en los regímenes de derecho público referidos a incompatibilidades y conflictos de intereses”, avanza la resolución del fiscal.

Dice más adelante que “en el caso en trato, el hecho de que el funcionarlo haya celebrado un acto en representación del organismo previsional con una firma cuando coetáneamente ésta alquilaba un inmueble de su propiedad (la adenda se suscribió en fecha 12 de septiembre de 2018) y la locación se extendió desde el mes de Junio de 2013 hasta el mes de mayo del corriente (por lo cual) ameritaba necesariamente la excusación del mismo”.

En su resolución, Virgilio Martínez de Sucre manifiesta que “el presidente de Ia CPSTDF debió abstenerse de intervenir en la suscripción de la adenda, dado que las tareas a su cargo indefectiblemente lo colocarían en una situación que debería haber anticipado y que conlleva el riesgo de que se viera afectada la imparcialidad en el ejercicio de su función, en la igualdad de trato y en la independencia de criterio”.

Además, menciona como “un dato no menor que surge de los actuados, es el que señala que el cese de la locación se habría materializado un mes después de haber presentado el Diego Mohamed la denuncia en trato”, indicando luego que “conforme a todo lo expuesto, corresponde concluir que, al momento de la firma de la adenda, existieron causales de excusación (en los términos del artículo 8 incisos a y f) de la ley provincial 141 de Procedimiento Administrativo y demás normas detalladas a lo largo del presente dictamen, dado que, mientras Rubén Bahntje revistaba en el cargo de presidente de la Caja de Previsión Social de la provincia suscribió en representación del organismo una adenda de contrato con la firma Tekhne SA y Nómade Soft SRL UTE simultáneamente cuando existía entre éstos (funcionario y una de las empresas que formaban el consorcio) un vínculo de locador-locatario”.

En la parte final dice el Fiscal de Estado que “en función de lo anterior, y vista la naturaleza política del cargo desempeñado por el denunciado, he de poner en conocimiento a la gobernadora Rosana Bertone de la situación descripta para que, a través de las áreas pertinentes, y en el marco de sus atribuciones, evalúe la conducta del funcionario”.

 

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