martes 17 de septiembre de 2019 - Edición Nº1758

Provinciales | 28 may 2019

EXPLICACIONES INSUFICIENTES

Grave denuncia contra el IPV y rápida desmentida

Adjudicatarios de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda en Margen Sur e inscriptos en los listados denunciaron que el organismo entregó un departamento a una persona que no reside en la provincia desde 2016. La desmentida fue rápida y tuvo de todo: argumentos poco convincentes, victimización y acusaciones de ‘campaña sucia’.


Por:
De nuestra redacción

Un sujeto condenado a reclusión perpetua por abuso sexual seguido de muerte, ocurrido en 2001, figuraba como adjudicatario de una unidad habitacional del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) en Margen Sur, a pesar de no residir en la provincia desde 2016.

La noticia provocó conmoción e indignación entre los adjudicatarios de los departamentos de los 108 departamentos de esa zona de la ciudad, al tiempo que fue confirmada a HábilDeclarante.com por empleados del organismo que prefirieron mantener sus nombres bajo reserva, por obvias razones.

El sujeto en cuestión se llama Juan Pablo Rojas. Fue condenado en 2001 por el asesinato previa violación de una joven, ocurrido en la costa en una zona cercana al barrio Las Barrancas. En 2014 le fue reducida la pena por la ex gobernadora Fabiana Ríos y poco tiempo después, quedó en libertad.

Según consta en los registros judiciales, Rojas se trasladó en 2016 a la provincia de Buenos Aires, más precisamente a la localidad de Olavarría y varios meses después se instaló definitivamente en Neuquén, donde vive actualmente.

Resulta llamativo que se realice la adjudicación de la vivienda a nombre de una persona que no reside en la provincia hace por lo menos dos años. La situación incluso valió el reclamo de adjudicatarios y de inscriptos en los listados que aún aguardan una solución habitacional que no llega ni siquiera cumpliendo múltiples requisitos.

 

Desmentida oficial

 

La desmentida del IPV no tardó en llegar. Estuvo a cargo del vicepresidente del organismo, Fabio Escobar, quien aclaró que “quieren hacer política con lo más sagrado, que es el sueño de la casa propia para las familias”.

“Rojas, así como otras tres personas fueron impugnadas durante el proceso de publicación, como es habitual que ocurra en algunos casos. Por lo tanto, como es el procedimiento, se los apartó del sorteo hasta que se comprobara su situación”.

En ese sentido, explicó que “una vez que cada situación se comprueba, se los da de baja. Esto también es un procedimiento habitual. Por supuesto que no se les entregó vivienda”, resaltó el funcionario.

 

Campaña del miedo

 

Como es habitual cuando se publican noticias incómodas, el funcionario apeló a la crítica vinculando lo sucedido con la ‘campaña sucia’: “Claramente están buscando ensuciar todo haciendo politiquería y usando a medios de comunicación afines o socios para angustiar a la gente, sin chequear la información ni usar ningún código de ética periodística”.

“Acá hay campañas sistemáticas y financiadas para desprestigiar al IPV. Ya lo hicieron con las casas que recibieron los médicos de la provincia, diciendo que se le da vivienda a recién llegados, cuando se trataba de viviendas del PROCREAR y no del IPV. Esto fue publicado en portales de un sector político con pauta”, dijo sin aclarar exactamente de dónde había surgido la información.

Y fustigó que “es todo para mentir y engañar. Ahora existe un grupo que supuestamente reclama, pero que tiene claros vínculos partidarios y todos hemos podido de ver que varios de ellos tienen procesos de captura o están vinculados a hechos delictivos. Esta modalidad de trabajo no nos asombra, porque es a lo que nos tiene acostumbrados, pero vamos a seguir trabajando con responsabilidad y transparencia como lo venimos haciendo”.

 

OPINÁ, DEJÁ TU COMENTARIO:
MÁS NOTICIAS