martes 25 de junio de 2019 - Edición Nº1674

Justicia | 27 may 2019

TORTURAS EN MALVINAS

CECIM rechazó la decisión de la Justicia federal

El centro de veteranos de guerra de La Plata, impulsor de la denuncia por estaqueamientos de soldados en Malvinas, rechazó la decisión de la Justicia federal de suspender indefinidamente las testimoniales de decenas de ex militares implicados.


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De nuestra redacción

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, emitió un duro comunicado rechazando la decisión de la Justicia federal de suspender las indagatorias a ex militares implicados en la causa que investiga abusos y torturas de soldados argentinos durante la guerra de Malvinas, supuestamente perpetradas por sus autoridades.

“La Dra. Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, resolvió suspender las indagatorias que estaban anunciadas y confirmadas públicamente para los 18 militares acusados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. El argumento tiene que ver con la ‘supuesta falta de espacio y de medios para llevar adelante la indagatoria’. En el escrito también plantea ‘teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra este Juzgado Federal cuya titularidad asumí el pasado día 8 de mayo, para afrontar la actividad que supone el llamado a indagatoria […] entiendo que corresponde analizar la viabilidad de llevar adelante dichas audiencias en los días y horas fijadas’, entre otros conceptos”, dice en el arranque el documento dado a conocer a través de las redes sociales.

Y prosigue: “Desde el CECIM La Plata rechazamos la decisión de la jueza ya que este nuevo retraso en el llamado a indagatoria, que no ha fijado fecha certera posible, no garantiza el derecho al acceso a la justicia y convalida la impunidad, cada día que se dilata llegar a la instancia de un  juicio produce nuevos mecanismos de revictimización o retraumatización de las víctimas y testigos”.

“Lo que se esgrime con esta determinación es la manifestación política llevada adelante por el Poder Judicial de la Nación, en este caso en cabeza de la jueza Borruto, del escaso cuidado de aquellos funcionarios que deben intervenir en todo el conjunto de acciones ligadas a los juicios, y que por falta de conocimiento en la materia, pueden llegar a desvirtuar esa función reparadora largamente esperada por las víctimas y testigos, para llegar a constituirse, incluso, en un riesgo de nuevo daño”, resaltan.

Y cierran asegurando que “quienes se constituyen en víctimas y testigos de causas vinculadas a delitos de lesa humanidad son personas a quienes el Estado ha violado sus derechos, siendo el Estado el que debe garantizarlos y protegerlos, es por ello que esperamos que se revierta la decisión adoptada por la Jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego ya que las víctimas no pueden ser tomadas por el Estado por una moneda de cambio”.

 

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