martes 25 de junio de 2019 - Edición Nº1674

Justicia | 26 may 2019

TORTURAS EN MALVINAS

Suspenden indagatorias a ex militares

La decisión adoptada por la jueza federal Mariel Borruto obedece a varias razones, pero entre ellas destaca las condiciones edilicias. “No están dadas las medidas de seguridad y procesales necesarias para tener a los indagados separados”, aseguró la magistrada.


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De nuestra redacción

Los 18 ex militares imputados de torturas y estaqueamientos contra soldados argentinos en las Islas Malvinas que debían comparecer en los próximos días ante la Justicia federal de Río Grande, no declarán hasta nuevo aviso por decisión de la jueza Mariel Borruto.

En las últimas horas, Borruto suspendió sin fecha definida esas audiencias, a causa de que considera que hay prueba a producir que podría generar a futuro nuevas audiencias para los mismos imputados, por ello se busca una economía procesal con una sola citación.

Asimismo la jueza aseguró que “en las actuales condiciones edilicias del juzgado no están dadas las medidas de seguridad y procesales necesarias para tener a los indagados separados, además de las distintas partes y la gente que sabemos que esto va a convocar”.

Asimismo, aseguró tener “una sola persona” abocada al desarrollo de la causa, por lo que consideró “materialmente imposible” llevar adelante ese procedimiento de momento. La decisión es pasible de ser apelada por el fiscal o bien los representantes legales del Centro de Ex Combatiente Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, organismo que lleva adelante la querella en este proceso. Desde esa parte cuestionaron la resolución de la jueza y analizan los pasos procesales a seguir.

 

La causa

 

Cabe recordar que la causa 1777/07 y está caratulada como ‘Pierre Pedro Valentín y otro s/delito de acción pública’. Las pruebas aportadas contra los acusados surgieron de los archivos oficiales de las Fuerzas Armadas desclasificados mediante Decreto del Poder Ejecutivo 503/2015, que firmó la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

La causa se originó en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias, patrocinadas por el doctor Pablo Vassel, cuando ocupaba la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.

La investigación judicial busca determinar la responsabilidad de decenas de ex militares acusados por conscriptos de haberlos torturado con estaqueamientos y otros calvarios por haber incumplido órdenes durante el trascurso del conflicto bélico en 1982.

 

 

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