martes 21 de enero de 2020 - Edición Nº1884

Locales | 9 ene 2020

VIOLENCIA DE GENERO

Susñar planteó adhesión local a la Ley Micaela

La normativa de alcance nacional tuvo adhesión de la Legislatura de Tierra del Fuego en noviembre del año pasado y ahora, la edil riograndense buscará que la ciudad se sume a su aplicación.


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De nuestra redacción

La concejal de Río Grande, Cintia Susñar, develó que el primer proyecto sobre el que trabajará ni bien arranquen las sesiones legislativas es la adhesión a nivel local a la Ley Micaela, cuyo aval a nivel provincial se logró en noviembre del año pasado.

“Ni bien asumimos iniciamos un contacto constante con la Secretaría de la Mujer del Municipio, con Alejandra Arce, para ver cómo podemos acompañar desde lo legislativo y lo primero será impulsar la adhesión a la Ley Micaela”, anticipó.

Asimismo, contó que “en la primera sesión del año vamos a acompañar la adhesión a la ley provincial que dejó habilitada la Legislatura para que se sumen los municipios y en eso vamos a apuntar, a fin de promover todo lo que tiene que ver con la capacitación en las instituciones públicas de todos los poderes, en la no violencia contra la mujer y sectores vulnerables”.

“Quiero tener un perfil de gestión definido, desde donde impulsar la igualdad de oportunidades y que las mujeres y el colectivo se encuentren representadas. La paridad de género es algo para trabajar también acá dentro del Concejo Deliberante, donde hoy solo somos dos mujeres”, enfatizó.

Para el cierre, Susñar precisó: “Antes de convertir esta idea en una iniciativa debemos llevar adelante charlas con los sectores políticos y demás actores, donde uno seguramente encontrará objetivos políticos en común hacia ese punto de igualdad”.

 

¿Qué es la Ley Micaela?

 

La Ley Micaela promulgada a nivel nacional en el mes de enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

El Instituto Nacional de las Mujeres (INM) es designado como autoridad de aplicación y se convoca a las provincias a adherir a la ley y a establecer su mecanismo de aplicación. En función de las atribuciones establecidas por la normativa, el INAM se encuentra dando pasos concretos hacia su efectiva implementación en los Tres Poderes del Estado nacional y provinciales.

Según la ley, todos los agentes del Estado deben cursar y aprobar todos los años la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.

Asimismo, los contenidos deben apuntar a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley 26.485 prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

 

 

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