El legislador provincial por FORJA, Daniel Rivarola, propuso preservar el edificio histórico donde funcionó el Juzgado de Paz en Río Grande, ante las recientes denuncias formuladas por vecinos de la ciudad que observaron modificaciones en la estructura y fachada de la icónica construcción.
El parlamentario recordó que se trata de 'una típica construcción de arquitectura patagónica de comienzos del siglo XX, que fue entregado por el entonces juez de Paz, José Finocchio' y advirtió que 'se hace necesaria la protección del mencionado edificio, para evitar modificaciones, alteraciones o hasta una virtual desaparición del mismo; con lo cual se concretaría otro atentado más contra la preservación de nuestra historia'.
Mencionó además que 'recientemente, tal como fue reflejado en medios locales, este histórico edificio fue reformado al reemplazar las ventanas originales de madera por otras de PVC. Entonces es urgente tomar alguna medida como la declaración de patrimonio cultural y paleontológico, para que no avancen con otras reformas por el estilo o medidas incluso más profundas en contra de la estructura original de lo que fuera el Juzgado de Paz'.
Dijo que la medida 'se puede enmarcar en la Ley 370 y en la misma Constitución provincial, que se refiere a la necesidad de preservar este tipo de edificios históricos y nuestro patrimonio' y de igual forma indicó que 'próximos a festejar el centenario de nuestra querida ciudad, también es importante cuidar estos lugares para que las actuales y futuras generaciones tengan lugares de referencia, como para conocer nuestro acervo histórico y cultural'.
Refiriéndose a las modificaciones que tuvo el edificio, Rivarola manifestó que 'este intento no siguió prosperando gracias a familias riograndenses que denunciaron esta acción en los medios. Nosotros invitamos al Ministerio Público Fiscal que invierta en el edificio, pero para protegerlo y preservarlo, sin alterar su esencia'.
Para concluir señaló que en éste mismo sentido 'después avanzaremos con medidas similares para otros edificios también históricos, pero que hoy ante el avance en éste es menester trabajar rápido para poner un freno, tal como nos lo pidieron vecinos de la ciudad'.
El legislador radical lamentó que la discusión en torno a los fondos coparticipables y las deudas a las ciudades sea un “tema recurrente”. “Hay que resolver de una buena vez estas cuestiones”, reclamó.
Para la legisladora opositora, existe “ahogo financiero” por parte del gobierno provincial hacia las ciudades. “Necesitamos que el gobernador cumpla con remitir en tiempo y forma los fondos”, aseveró.
Presentada en varias oportunidades, la iniciativa nunca prosperó. Sin embargo, la parlamentaria opositora aseguró que “vamos a insistir con el tema” si las partes “no se ponen de acuerdo”.
El legislador oficialista admitió que hay retrasos en el envío de coparticipación a las ciudades pero que se debe a la abultada deuda que dejó el gobierno anterior, sumada a la escases de fondos.
Planteado por los dirigentes docentes, el asunto fue uno de los puntos principales del debate entre legisladores y representantes sindicales. Hay coincidencia en la necesidad de solucionar la cuestión.
Es mediante un proyecto del Ejecutivo provincial que, por ley, los parlamentarios provinciales deben analizar cada cinco años. El análisis permitirá definir ejidos urbanos y crecimiento de bosques.
Profesionales de la actividad propusieron ante el Parlamento conformar su propio cuadro normativo provincial, dado que actualmente se rigen por una ley nacional que data de 1994.
El proyecto presentado por la legisladora provincial prevé la modificación de la normativa para incluir los traslados sin costo entre ciudades, tal como contempla la normativa nacional.