22 DE Mar 2021
En agosto pasado, la Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición (AFUGRAN), ingresó un pedido formal a la Legislatura buscando regular la actividad de nutricionistas y licenciados en nutrición que ejerzan en la provincia.
Actualmente la profesión del nutricionista y licenciado en nutrición se encuentra regida en nuestra provincia por la Ley 24.301. Los profesionales entienden que el ejercicio de su actividad ha cambiado y que, por ello, resulta necesaria su actualización ya que la norma fue promulgada en el año 1994.
La iniciativa también persigue la adecuación de la norma a la realidad del ejercicio profesional a nuestra provincia y evitar así el ejercicio irregular en Tierra del Fuego que deviene de la falta de controles y regulaciones.
En el encuentro, los legisladores escucharon la exposición de las profesionales en nutrición de AFUGRAN, quienes dieron detalles del articulado propuesto. En representación de dicha asociación participaron las licenciadas Paula Márquez, Sofía Makin de manera presencial y de forma remota, lo hicieron María Natalia Chirino y María Fernanda Díaz Suanes.
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El legislador radical lamentó que la discusión en torno a los fondos coparticipables y las deudas a las ciudades sea un “tema recurrente”. “Hay que resolver de una buena vez estas cuestiones”, reclamó.
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Para la legisladora opositora, existe “ahogo financiero” por parte del gobierno provincial hacia las ciudades. “Necesitamos que el gobernador cumpla con remitir en tiempo y forma los fondos”, aseveró.
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Presentada en varias oportunidades, la iniciativa nunca prosperó. Sin embargo, la parlamentaria opositora aseguró que “vamos a insistir con el tema” si las partes “no se ponen de acuerdo”.
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El legislador oficialista admitió que hay retrasos en el envío de coparticipación a las ciudades pero que se debe a la abultada deuda que dejó el gobierno anterior, sumada a la escases de fondos.
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Planteado por los dirigentes docentes, el asunto fue uno de los puntos principales del debate entre legisladores y representantes sindicales. Hay coincidencia en la necesidad de solucionar la cuestión.
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Es mediante un proyecto del Ejecutivo provincial que, por ley, los parlamentarios provinciales deben analizar cada cinco años. El análisis permitirá definir ejidos urbanos y crecimiento de bosques.
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Profesionales de la actividad propusieron ante el Parlamento conformar su propio cuadro normativo provincial, dado que actualmente se rigen por una ley nacional que data de 1994.
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El proyecto presentado por la legisladora provincial prevé la modificación de la normativa para incluir los traslados sin costo entre ciudades, tal como contempla la normativa nacional.
