El secretario de Energía, Moisés Solorza, reconoció que analizan la situación de las empresas radicadas en Ushuaia y Río Grande dedicadas al minado de criptomonedas, que por sus características requieren de elevados consumos de energía eléctrica.
'Esa es una discusión que se está llevando adelante, con una revisión integral de mi parte de los consumos que están teniendo, dentro de los segmentos de grandes consumidores con contratos de potencia', admitió
Y en ese sentido, precisó que 'si uno mira los costos que tienen las empresas dedicadas a las criptomonedas, no puede ser posible que estén pagando el megavatio de mismo modo que paga un residencial'.
'La energía disponible es nula en las dos ciudades y sin embargo se le dio a estas empresas, sin pensar en el crecimiento de la población, en hospitales nuevos, en escuelas nuevas, y por lo tanto pone en riesgo la factibilidad de otros procesos que son prioritarios para el Estado', consideró.
Por ello, reconoció que 'es el Estado el que debe administrar esas prioridades, pensando en una estrategia provincial. Esa estrategia política la delinea la Secretaría de Energía de la provincia, por eso hay un proceso de revisión, porque no es justo ni razonable que paguen menos en relación a lo que producen, el empleo que generan y los costos que implican estos procesos productivos que pagamos entre todos'.
Es absolutamente necesario revisar ese esquema y deben abonar el costo del megavatio para ese tipo de procesos productivos, que es absolutamente desigual con respecto a lo que paga un vecino que muchas veces usa la energía eléctrica porque no tiene calefacción', enfatizó.
Finalmente, Solorza aseguró que 'hay procesos productivos de industrias, de pymes, de panaderías, que pagan el megavatio parecido a las bitcoineras, con todo lo que eso implica. Se está analizando ese proceso y buscando herramientas para llevar igualdad de trato, para que sea razonable para todos'.
El gobierno fueguino reglamentó la ley que permite al trabajador de la sanidad jubilarse a esa edad. Además, incluyó en la medida a los enfermeros. “Ampliamos derechos”, dijo Gustavo Melella.
El gobernador fueguino remarcó sus intenciones de reformar la Constitución provincial y a su vez, planteó la necesidad de que los funcionarios de todos los poderes del Estado publiquen sus salarios.
La intención del Ministerio de Educación es que el 15 de marzo, la mayor cantidad de estudiantes fueguinos cursen de forma presencial en las escuelas públicas de la provincia.
Entre la tercera y la cuarta semana de febrero se registraron casi medio centenar de casos nuevos en Río Grande y Tolhuin volvió a sumar positivos. Ushuaia en caída por segunda semana.
El secretario de la cartera educativa confirmó que la mayoría de los edificios escolares de la provincia “están en buenas condiciones” y que en otras encontraron “fallas de última hora”.
En las escuelas privadas hay asistencia de alumnos a las aulas pero en los establecimiento públicos, todo queda supeditado a la asistencia de los docentes en el marco del paro provincial.
La propuesta incluye un aumento del 22 % en marzo y otro 12,5 % en junio. Un docente que recién inicia pasaría a cobrar por cargo $ 41.566 en el primer tramo y $45.825 en el segundo tramo.
El titular de AFARTE consideró que a poco menos de tres años de la caída del subrégimen de promoción industrial de la Ley 19.640, “sería mucho más saludable tener un horizonte más lógico”.