La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, se refirió al veto realizado por el intendente de la Municipalidad de Ushuaia, Walter Vuoto, de la ordenanza que autorizaba la construcción del Centro de Rehabilitación en la capital fueguina y que fue aprobada por unanimidad por los concejales de dicha ciudad.

Al respecto, la funcionaria detalló que el argumento a dicha decisión surgió de un dictamen de la Secretaría Legal, que hace referencia a un informe de la Secretaría de Hábitat 'donde su titular, Lorena Henriques Sanches, plantea que el proyecto no pasó por la Comisión de Planeamiento Urbano'.

'Acá hay un desconocimiento normativo porque no es una obligación que la Comisión de Planeamiento Urbano apruebe el proyecto para que salga una ordenanza, porque la voluntad es soberana con el voto de los concejales', afirmó.

En este sentido, Castillo detalló el recorrido del proyecto, donde 'el 1 de diciembre, cuando ya se encontraba aprobado por el gobierno nacional, fue presentado a la Municipalidad y se trabajó en el área de Planeamiento Urbano, con la arquitecta (Jorgelina) Felcaro para poder ingresarlo a la reunión de comisión prevista para el 4 de diciembre'.

'Ese día lo sacan del orden del día, por lo cual el 5 de diciembre el concejal Juan Manuel Romano presenta el proyecto sobre tablas para tener la aprobación de estos indicadores urbanos, la cual se logró por unanimidad de los concejales el 9 de diciembre', rememoró.

Al no ser una condición excluyente la aprobación por parte de la Comisión de Planeamiento Urbano, Castillo consideró que 'se trata de una cuestión de mezquindad política que pone en juego la rehabilitación de los fueguinos y que es necesario que esta medida del intendente sea revisada. Claramente no era necesario que la Comisión de Planeamiento Urbano diera la aprobación, cuando en la misma manzana tenemos un centro de salud privado y a una cuadra el Hospital Regional Ushuaia'.

Además agregó que 'hay una intención política que no entiendo, donde frente a esta definición política que está alineada al gobierno nacional, hoy hay una decisión municipal que contradice esa voluntad del gobierno nacional que dio financiamiento a este Centro de Rehabilitación', por lo que consideró que el veto municipal 'es una incongruencia, una falta de sentido común, y de un desconocimiento técnico'.

A pesar de ello, la ministra ratificó que desde la provincia, se apelará que el Estado municipal retrotraiga la medida: 'En primera instancia uno le pide empatía, porque es lo que primero que acá no hubo, el ponerse en el lugar del otro que hoy son las personas con discapacidad y sus familias. Si esto no sucede veremos de qué manera lo destrabamos'.