29 DE Dic 2020
Luego de un extenso cuarto intermedio durante el cual los parlamentarios se reunieron con funcionarios del Poder Ejecutivo, la Legislatura de Tierra de Fuego aprobó por mayoría el proyecto de ley de presupuesto para el año entrante.
Al proyecto sancionado se le incorporaron diversas modificaciones, ya que se establecieron limitaciones a la facultad conferida para que el Ejecutivo pueda renegociar contratos que se encuentren en curso de ejecución. Además se incorporaron cambios a la ley de dietas, estableciendo que la remuneración del gobernador será equivalente a seis veces el haber básico del escalafón profesional universitario, para desengancharla de la remuneración de los intendentes de Ushuaia y Río Grande.
Es de tener en cuenta que también se resolvió en la sesión equiparar la escala salarial del escalafón Profesional Universitario (EPU) a la de los auditores y abogados del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Desde el bloque del Partido Verde se cuestionó con dureza, entre otros puntos, la falta de precisiones del Ejecutivo para explicar cómo se va a financiar el déficit de 14 mil millones de pesos estimados para el 2021 y los 5 mil millones de déficit correspondientes al año que finaliza.
La legisladora Victoria Vuoto también objetó que para el año entrante se haya previsionado el pago a favor de Tierra del Fuego Energía y Química de unos 30 millones de dólares, cuando ese reclamo está judicializado.
También por mayoría -y sobre tablas- se aprobó una modificación a la ley de jubilaciones para posibilitar que los beneficiarios del régimen previsional fueguino que reingresen a la actividad puedan reajustar su haber de pasividad.
Además, el Parlamento dio visto bueno al proyecto del gobierno que actualiza la normativa tributaria al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes e incorpora cambios a ley impositiva.
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El legislador radical lamentó que la discusión en torno a los fondos coparticipables y las deudas a las ciudades sea un “tema recurrente”. “Hay que resolver de una buena vez estas cuestiones”, reclamó.
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Para la legisladora opositora, existe “ahogo financiero” por parte del gobierno provincial hacia las ciudades. “Necesitamos que el gobernador cumpla con remitir en tiempo y forma los fondos”, aseveró.
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Presentada en varias oportunidades, la iniciativa nunca prosperó. Sin embargo, la parlamentaria opositora aseguró que “vamos a insistir con el tema” si las partes “no se ponen de acuerdo”.
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El legislador oficialista admitió que hay retrasos en el envío de coparticipación a las ciudades pero que se debe a la abultada deuda que dejó el gobierno anterior, sumada a la escases de fondos.
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Planteado por los dirigentes docentes, el asunto fue uno de los puntos principales del debate entre legisladores y representantes sindicales. Hay coincidencia en la necesidad de solucionar la cuestión.
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Es mediante un proyecto del Ejecutivo provincial que, por ley, los parlamentarios provinciales deben analizar cada cinco años. El análisis permitirá definir ejidos urbanos y crecimiento de bosques.
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Profesionales de la actividad propusieron ante el Parlamento conformar su propio cuadro normativo provincial, dado que actualmente se rigen por una ley nacional que data de 1994.
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El proyecto presentado por la legisladora provincial prevé la modificación de la normativa para incluir los traslados sin costo entre ciudades, tal como contempla la normativa nacional.
