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SORPRESIVA ACCION JUDICIAL

Piden detener a 26 oficiales por estaqueamientos en Malvinas

La Justicia Federal de Tierra del Fuego solicitó la detención de quienes se sospecha tuvieron a su cargo las torturas de un centenar de soldados durante el conflicto bélico de 1982. La solicitud de detención la hizo el fiscal federal Marcelo Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El Centro de Ex Combatientes 'Islas Malvinas' fue el impulsor de las denuncias.
El Centro de Ex Combatientes 'Islas Malvinas' fue el impulsor de las denuncias.

La Justicia Federal con asiento en Río Grande, Tierra del Fuego, pidió la detención y declaración indagatoria de 26 militares por 22 hechos de presuntas torturas durante la Guerra de las Malvinas, en 1982.

Se trata del caso que se investiga en el fuero federal en Río Grande por jurisdicción sobre las Islas Malvinas. Se remite al conflicto de 1982 y se centra sobre 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, en el cual tuvo funciones el Batallón de Infantería de Marina (BIM) 5.

La solicitud de detención la hizo el fiscal federal Marcelo Rapoport, con la asistencia de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que el viernes pasado requirió la detención y las declaraciones indagatorias de 26 militares en la causa donde se investigan los crímenes que sufrieron conscriptos argentinos durante el contexto bélico del Atlántico Sur.

La presentación del Ministerio Público Fiscal se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí tuvo desempeño el BIM 5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares.

Según consta en la presentación de la fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos ‘estaqueamientos’ y ‘enterramientos’- como forma de controlar a la tropa.

Entre los fundamentos la fiscalía destacó la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes y solicitó una serie de medidas de prueba orientadas al esclarecimiento de nuevos hechos.

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