PROVINCIALES
Gastón Díaz
Abogado

OPINION

Los fueros parlamentarios y la Constitución

Cuando se acercan los días de elecciones, sobre todo las intermedias donde solo se definen cargos a ocupar en el Congreso nacional, se observa casi con regularidad que se endilga a un candidato la intención de alcanzar ese puesto legislativo para utilizar la figura de los fueros parlamentarios y así evitar ser enjuiciados por sus actos ilícitos.

Nada más lejos de la realidad en términos legales o jurídicos. Aunque seria de necios negar que integran el Parlamento, legisladores con condenas privativas de la libertad a quienes las redes de la Justicia parecen no alcanzar. Aun así es válido remarcar que en todo caso no es a causa de la letra de la ley sino por el amparo político que han logrado obtener dentro del Congreso.

Luego de esta aclaración inicial queda por pensar si, considerando las actuales circunstancias (muy diferentes por cierto a aquellas que le dieron su origen a los fueros parlamentarios) resulta vigente la intención del pueblo de otorgar esta suerte de privilegio a los perseguidos por pensar y actuar diferente al Soberano, Monarca o Presidente.

El sustento jurídico de los fueros se halla en nuestra Constituían Nacional, sin embargo el origen de su necesidad lo encontramos en la conformación de la República.

Cuando se inició el proceso de transición desde el poder supremo que ostentaba el Rey -sin limitación legal alguna, propio de las monarquías absolutas-, hacia regímenes de gobierno donde el pueblo es quien empodera a los parlamentarios se pensó un mecanismo constitucional que impidiera el avasallamiento de la voluntad del legislador por parte del rey. El poder del soberano ya no es considerado como de origen divino, sino del mismo pueblo que ahora decide imponer un límite legal en protección de sus parlamentarios.

Es allí donde encuentran origen los fueros parlamentarios. En 1853 la Constitución de la Nación Argentina fijo para nuestra nación un régimen de gobierno representativo y federal pero también republicano. Y sobre esas concepciones republicanas es que ha quedado impresa en nuestra carta magna la Inmunidad de Opinión (art. 68), la Inmunidad de Arresto (art. 69) y el Desafuero (art. 70).

Estos artículos implican, para algún sector de la doctrina, una excepción al art. 16 de la Constitución, pues “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley…”. Para este sector de los juristas se crea una situación de privilegio en favor del legislador, una excepción al principio de igualdad. Otros doctrinarios consideran que no son verdaderas prerrogativas personales del legislador sino que obedecen a su función o cargo.

Sea una u otra la interpretación correcta, lo cierto es que en la práctica resultan ser una excepción a la regla del artículo 16 de la Constitución aunque de ninguna manera implican una exclusión del legislador ante un proceso penal en su contra, mucho menos debe entenderse a los fueros parlamentarios como propiciadores de impunidad. El texto es sumamente claro al respecto:

Artículo 68.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. (Inmunidad de opinión)

Artículo 69.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen… (Inmunidad de arresto)

Artículo 70.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento. (Desafuero)

En septiembre del 2000 mediante Decreto 781 del mismo año se promulgo la ley 25.320, quedando establecido así un nuevo Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados.

En dicha norma se establece que si un legislador (desde el día en que es electo), un funcionario o un magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político tiene abierta una causa penal en su contra el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión.

La ley 25.320 estableció que el llamado a indagatoria no debe ser considerada una medida restrictiva de la libertad del imputado, es pues un acto de defensa y solo será necesario el desafuero si el legislador, funcionario o magistrado no concurre a la citación. Sostiene además que, si se dicta alguna medida judicial contraria a la inmunidad de arresto fijada por el art. 69 de la Constitución Nacional deberá tramitarse el desafuero, remoción o juicio político para hacerla efectiva, sin que ello paralice el proceso penal hasta su total conclusión. Mientras tanto rige la suspensión del curso de la prescripción (art. 4 ley 25.320).

En países como Colombia los fueros parlamentarios se suprimieron en el año 1991, aunque se estableció una intervención directa de la Corte Suprema de Justicia. En Uruguay, Paraguay, España existen proyectos en trámite que proponen su eliminación del sistema jurídico.

En Argentina la CSJN (Fallos 217:122) sostuvo: “la suspensión, pues, es una medida que se adopta en resguardo del prestigio del cuerpo, que no puede admitir en su seno a un miembro sospechado de la comisión de actos delictuosos…”. Lo resolvió en una causa en la que el Dr. Ricardo Balbín fue suspendido en sus funciones de diputado nacional. Muchos consideraron en aquel septiembre de 1949 que se trataba de una persecución política.

El fallo citado no es azaroso, intenta ayudarnos a pensar sobre la vigencia de la necesidad de contar con fueros parlamentarios en nuestra legislación, y al mismo tiempo reflexionar que quizás la respuesta a por que los fueros aparentan ser “corazas de impunidad” no se encuentra en las normas anteriormente citadas, sino en la manejo político de las herramientas constitucionales.



MÁS DE PROVINCIALES
PROVINCIALES
La sanción fue producto de una inspección en una sucursal de la cadena en Ushuaia.

FUERTE SANCION ECONOMICA

. La medida fue adoptada por la Secretaría de Comercio de Tierra del Fuego. La sanción es de 723.800 pesos por diferencia en los precios de algunos productos, entre el exhibido en góndola y el monto abonado en la caja por los clientes.

PROVINCIALES
“En Ushuaia no tenemos este tipo de casos, lo vemos más asiduamente en Río Grande”, detalló Bogado.

DESTROZOS QUE DUELEN

. El Secretario de Infraestructura Edilicia de Tierra del Fuego anticipó que el Gobierno recurrirá a otro tipo de medidas drásticas para frenar los ataques al patrimonio público. “Queremos que se entienda que esto no tiene nada que ver con la refacción de un edificio público, sino con actos delictivos”, detalló Bogado.

PROVINCIALES
Los vuelos serán diarios y el valor dependerá del día de la semana en que se decida viajar.

MAS FRECUENCIAS DIARIAS

. Lo confirmó el Instituto Fueguino de Turismo, que con el acuerdo alcanzado con la línea aérea de bandera duplicará la conectividad entre el aeropuerto internacional Islas Malvinas y el de Pajas Blancas. Los tickets de ida y vuelta tendrán un valor que oscilará en 5 mil y 9 mil pesos.