PROVINCIALES
Martín Pérez
Diputado de Tierra del Fuego

OPINION

Foradori-Duncan, de espaldas al pueblo

El Acuerdo Foradori-Duncan es un grave retroceso para la política de Estado argentina en torno a la Causa Malvinas. En estos dos años, el “comunicado conjunto” viene funcionando como el marco a través del cual Gran Bretaña impone sus intereses en el Atlántico Sur.

Lamentablemente, el Gobierno de Cambiemos convirtió a la Causa Malvinas en una cuestión de negocios. Vale recordar, el ministro Alan Duncan y el ex vicecanciller Carlos Foradori firmaron el acuerdo durante el “Foro de Inversiones y Negocios” organizado por el gobierno. El “Mini Davos” de Cambiemos. Esto no es casual ni circunstancial.

Desde el minuto uno denunciamos este Acuerdo como contrario a los intereses nacionales y un retroceso en términos de soberanía. Ya el 21 de septiembre de 2016 lo planteamos en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y exigimos que fuese el Congreso de la Nación el que defina sobre este tema.

La trampa del Gobierno de disfrazar este Acuerdo como una mera hoja de ruta degrada la institucionalidad y sienta un peligroso antecedente. Hablar de remover obstáculos para el desarrollo de las Islas es justamente acatar las pretensiones de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. Esto se demuestra en cada una de las dimensiones que se mencionan.

En lo que refiere al tema pesquero, en mayo de 2018 se reinstaló el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), una demanda del sector empresario que opera ilegalmente en nuestro territorio marítimo, en tanto que mayor información sobre recursos ictícolas presentes en la zona permite optimizar sus rindes. Actualmente, la pesca representa el 41% de la actividad económica de las islas, y 2/3 de los impuestos a corporaciones. Cada barco que opera ilegalmente captura entre 30 y 40 toneladas de calamar por día. La campaña 2018 es récord solo comparable a la de 1995 y siguen incrementándose las licencias ilegales. Esto tiene el agravante de darse en un contexto de incertidumbre y debilidad de los contratos de explotación producto de las implicancias del “Brexit”.

En materia hidrocarburífera, la inacción del Canciller Faurie es total. Rockhopper y Premier Oil, las dos principales empresas que operan en la zona, vienen avanzando sostenidamente en las actividades ilegales proyectadas en sus planes corporativos. El informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) publicado el día 2 de abril, señala que durante la Conferencia Oil Capital desarrollada en septiembre de 2017, el CEO de Rockhopper presentó un informe sobre la evolución de las gestiones de la empresa para concretar la explotación de Petróleo en las Islas Malvinas.

Según consta en dicho informe, allí se descubrió y certificó la presencia de un mínimo recuperable de 500 millones de barriles y un máximo de 900 millones de barriles. Solamente ese mínimo equivale a casi 3 años de producción total petrolera argentina (datos a 2017), a 10 años de producción chubutense -primera productora- y a 143 años de producción fueguina. Las empresas prevén que el desarrollo del proyecto comenzaría en 2019, con el primer pozo productor de un total de 23 a ser perforado entre enero y junio de 2020. El primer barril de crudo comenzaría a fluir a la superficie (al barco de almacenaje) durante la primera mitad de 2022.

Pese a esto, la Cancillería argentina no ha tomado ninguna nueva acción para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 26.659 y su modificatoria 26.915, las cuales establecen condenas civiles y penales a las personas jurídicas y físicas que desarrollen actividades ilegales en nuestra plataforma continental.

El establecimiento de un nuevo vuelo desde el continente suramericano hacia las Islas sin siquiera considerar a Aerolíneas Argentinas como opción, y la pretensión de los isleños de comandar los términos y plazos de las negociaciones es la confirmación del nivel de deterioro de la posición argentina. Es de público conocimiento que la demanda de la incorporación de un vuelo con destino a las Islas Malvinas por parte del Reino Unido tiene por fin potenciar las actividades militares y económicas ilegales en favor de la potencia ocupante y en perjuicio de la posición argentina, lo cual implica atentar contra el cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional.

Todas estas concesiones apuntan a incrementar el “desarrollo de las islas”. Vale recordar que el PBI per capita de las Islas Malvinas es de 122.000 dólares (cifras 2017). Esto supera al Principado de Mónaco -u$s105.000- y al Reino petrolero de Qatar -u$s 94.000-. Es inaceptable que el Gobierno argentino hable de facilitar el desarrollo de los isleños cuando los argentinos viven cada día peor y esos recursos nos pertenecen.

Estas acciones y omisiones atentan contra la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. Esto lo hemos dicho no solamente nosotros, los ex combatientes o los principales expertos sobre la materia, sino que la propia Asociación Argentina de Derecho Internacional expresó en su declaración del 9 de septiembre de 2017 que toda acción que afiance la presencia del Reino Unido en las Islas es inconstitucional.

Es hora que el gobierno de Mauricio Macri termine con este bochorno, remita al Congreso el Acuerdo y acate lo que defina el Congreso de la Nación. El Atlántico Sur es el futuro. Tiene que ser la vía para el desarrollo de los argentinos y principalmente de la Patagonia Austral.

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