PROVINCIALES
Fabio Seleme
Secretario de Extensión Universitaria UTN

OPINION

El fin de las incumbencias universitarias

Mediante la Resolución 1254/2018, que se publicó el pasado 18 de mayo, el Ministerio de Educación de la Nación, modificó las incumbencias de más de cuarenta carreras universitarias, entre ellas, veintiocho ingenierías, arquitectura, geología y varias profesiones del ámbito de la salud.

La modificación significa una reducción promedio del 60 % en las actividades profesionales que pueden ejercer los graduados de estas carreras. Es decir que, a partir de la presente semana, una inmensa cantidad de actividades para las que se requiere la intervención de un profesional, no tienen títulos con incumbencia para tales efectos.

En paralelo con esto, los actuales profesionales y futuros graduados ven restringido su campo de acción profesional, en lo que constituye una verdadera estafa a la confianza pública. La resolución lleva la firma del Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, el mismo que hace pocos días fue denunciado penalmente, acusado de haber violado a una menor de 13 años.

La resolución se orienta y alinea con los parámetros solicitados al país, desde hace años, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sobre los distintos ejercicios profesionales de interés público y la formación universitaria.  Este planteamiento busca imponer un modelo de formación propio de las universidades privadas, de corta duración y en forma de trayectos específicos articulables con incumbencias particularizadas. Se trata de sustituir el modelo de formación de nuestras universidades públicas que históricamente han mantenido un tipo de educación profesional integral y de incumbencias amplias. 

El objetivo final de esta estrategia es dejar la formación profesional básica, costosa y masiva, en la universidad pública con incumbencias estrechas, a partir de la cual se pueda obtener terminalidad, selectiva y paga, en la universidad privada. La resolución 1248/2018 va directamente en este sentido, quitándole áreas de trabajo reservadas a los títulos emitidos por las universidades nacionales, dejando un campo de vacancia a las universidades privadas para que puedan dictar “carreras cortas” y apropiarse de las incumbencias que desde ahora no cubre más la educación pública.  Se trata lisa y llanamente de degradar las carreras de grado de las universidades públicas y favorecer así a las universidades privadas con el pase de contenidos a los posgrados pagos.

La resolución no llega en cualquier momento, sino cuando Argentina en una verdadera situación de quebranto financiero recurre al Fondo Monetario Internacional para un "blindaje". Numerosos informes de éste y otros organismos multilaterales de crédito, desde hace tiempo, hacen un hincapié condenatorio en la magnitud de los recursos que Argentina destina a las universidades e institutos de Educación Superior, dictando carreras que bien podrían, a entender de ellos, ser dictadas por universidades privadas.

Las recomendaciones de estos organismos en este sentido, desde los años 90, buscan que el estado nacional genere condiciones y aliente la inversión privada para transferir la formación superior y universitaria a ese sector.

Con esta resolución, el gobierno de Mauricio Macri -que en dos años ha atacado con virulencia a las universidades y el sistema científico tecnológico argentino, desfinanciándolo y buscando su desguace- viene ahora a alentar la educación superior y universitaria mercantilizada, fragmentaria y dispersa.

Se busca dinamitar y concluir la tradición del modelo universitario argentino nacido en la Reforma Universitaria de 1918 y completado con el Decreto 29.337 de 1949 de Gratuidad de la educación, del presidente Juan Domingo Perón.

En ese modelo que nosotros defendemos, la universidad es un sujeto colectivo decisivo y trascendente en la construcción de la nación y en la movilidad social de las clases populares, por eso debe tener en la formación una concepción y visión integral y nacional al servicio del desarrollo de la industria, el avance tecnológico, el crecimiento del mercado interno, la promoción social y la defensa de la cultura nacional en el marco de la integración latinoamericana.

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