GREMIALES

RECLAMO SALARIAL

Pérez advierte: “Puede haber renuncias de horas de guardia”

El representante de la Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina aseguró que “ojalá no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2012” aunque reconoció que “se puede llegar a dar otra situación como esa”. Reclamó una pronta mejora salarial para el sector.

Pérez consideró que “nos llevaron puestos porque no podemos hacer medidas de fuerza”.
Pérez consideró que “nos llevaron puestos porque no podemos hacer medidas de fuerza”.

El secretario de Finanzas de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), Alejandro Pérez, admitió que, si no hay una pronta definición en materia salarial, podría el sector renunciar a las horas de guardia, situación que fuera judicializada en 2012 en medio de un reclamo de similares características.

En declaraciones a Radio Fueguina, Pérez reconoció que “ojalá no vuelva a ocurrir lo que pasó en 2012 con el renunciamiento de las horas de guardia. Ojalá que no vuelva a ocurrir, pero se puede llega a dar otra situación como esa”.

“Puede llegar a darse porque la paciencia (se agota). Nosotros estamos siendo discriminados, la masa salarial que se discute en general, es una sola en la provincia. La torta es una sola y la dividimos en educación, entes descentralizados. La torta es grande, no es poca”, consideró.

Asimismo, precisó: “Nosotros vemos que en la distribución nos llevaron puestos a los trabajadores de la sanidad porque no podemos hacer medidas de fuerza, estoy obligado por la Justicia a hacer guardias; debo garantizar el servicio, no puedo cerrar el hospital”.

“En esta situación, algunos se aprovechan porque no podemos quejarnos, tenemos que laburar. El otro día encontraron una rata muerta en Fiscalización Sanitaria; tuvieron que seguir trabajando. Pusieron trampas en vez de desinfectar y ¿por qué? porque somos trabajadores del hospital y no lo podemos cerrar”, reprochó.

Para cerrar, Alejandro Pérez consideró que “resistimos muchas cosas y lo mínimo que queremos es tener un sueldo digno y quizás nos merezcamos tener un sueldo más alto que el resto porque somos distintos, pero hoy la realidad nos marca que somos los peores pagos”.

 

Un reclamo que terminó en la Justicia

 

Corría el año 2012 y en medio de la lucha permanente entre la gestión de Fabiana Ríos y los sindicatos estatales, ATSA decidía paralizar la actividad en el Hospital Regional Río Grande de forma íntegra y no acatar la conciliación obligatoria en medio de un reclamo por una demorada mejora salarial.

Allí tomó intervención la Justicia laboral a través de la jueza Edith Cristiano quien ordenaba el 8 de septiembre de ese año “a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, en cabeza de su Secretario General, para que inmediatamente de notificada la presente deponga la medida directa llevada a cabo por los trabajadores de la sanidad que consiste en la no realización de las guardias ni turnos extras, debiendo contemplarse todas las guardias de emergencia, así como, el circuito completo de cuidado de los pacientes internados, que incluye la atención médica y de otros profesionales de enfermería, y de todo otro personal involucrado en la asistencia y acompañamiento del paciente internado, contando dentro de esta categoría al personal administrativo, de higiene, lavadero, cocina, servicios generales y otros que asistan al área de internación del nosocomio de esta ciudad”.

La resolución de la Magistrada surgía a raíz de una medida cautelar presentada el 8 de septiembre por el Ministerio de Salud de la provincia. En su escrito, Cristiano también ordenaba “acreditar ante este Tribunal el cumplimiento de lo dispuesto, bajo apercibimiento de remitir las actuaciones al Fiscal en turno y, de aplicar astreintes al secretario general Claudio Macri, por suma de tres mil pesos diarios en caso de incumplimiento”.

Asimismo, una vez cumplida la orden, resolvía “intimar en idéntico plazo para que, mediante medios periodísticos, se haga conocer a la comunidad que los servicios que brinda el Hospital Regional Río Grande se han normalizado, ello a fin de brindar tranquilidad a la población”.

Cabe destacar que, en sus fundamentos, la Jueza consideraba comprobada “…no solo la fisura en la cadena de atención o prestación que hace al derecho constitucional de la salud, sino que se trata de prueba irrefutable en tanto exteriorizan la voluntad de los representantes gremiales de incumplir con el diagrama de guardias concertado con antelación, y de poner en peligro con el conjunto de sus manifestaciones, la seguridad de la vida y la salud de la comunidad, conductas todas ellas que a mi entender, se extralimitan respecto de la defensa de los intereses del conjunto de los compañeros trabajadores”.

Dos días después, el propio Alejandro Pérez daba a conocer a los medios de comunicación de la ciudad la decisión de acatar la manda judicial, con el cese de las medidas de fuerza que resultaron ser de ese modo la última vez que el gremio de la sanidad paralizaba por completo la atención en el nosocomio riograndense.



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